La agricultura representa cerca del 7 % del PBI y concentra el 28 % de la población económicamente activa; si se suman las actividades de su cadena de valor, las cifras llegan al 15,5 % del PBI y al 35,7 % de la PEA. En las últimas dos décadas, el boom agroexportador ha posicionado al Perú como líder mundial en productos como arándanos, uvas, paltas y espárragos, pero cientos de miles de productores de pequeña escala siguen atrapados en esquemas de agricultura tradicional o de subsistencia. Elaborado por Piero Ghezzi, Carolina Trivelli y Sergio Rodríguez en el marco de la iniciativa HacerPerú, este documento propone crear consorcios productivos: alianzas entre empresas tractoras y productores de pequeña escala para superar juntos las barreras de acceso a mercados exigentes. La propuesta se sustenta en cuatro pilares: un incentivo tributario, un fondo de segundo piso que articule los instrumentos públicos, una herramienta de capacitación basada en inteligencia artificial y el fortalecimiento de la red de valor que rodea a cada consorcio. Palta, quinua y café se plantean como cadenas con potencial para iniciar. La elaboración de esta propuesta contó con el apoyo de la Fundación M.J. Bustamante de la Fuente.

Desde hace más de tres décadas, el Perú ha desarrollado normas e instrumentos para simplificar sus procedimientos administrativos. Sin embargo, el estudio elaborado por investigadoras de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) muestra que esos avances no siempre se traducen en mejoras reales para ciudadanos y empresas, en especial para las micro y pequeñas empresas, que dedican, en promedio, unos 25 días al año a gestionar trámites. El diagnóstico identifica varias causas: una visión fragmentada que atiende cada trámite por separado, un ente rector con capacidad de seguimiento limitada, personal de primera línea con escasa capacitación e incentivos, débil voluntad política y una incorporación insuficiente de tecnologías. El resultado es menor competitividad, pérdida de confianza en el Estado y desincentivo a la inversión. El estudio propone un Ecosistema de Simplificación Administrativa. Este combinaría el análisis de la calidad regulatoria por cadenas de trámites, sandboxes regulatorios para probar soluciones antes de escalarlas y una ventanilla única nacional, accesible en línea y de forma presencial a través de los centros MAC. Incluye, además, una hoja de ruta a tres años y una propuesta normativa. La publicación forma parte del proyecto “Simplificación administrativa y destrabe de la inversión”, ejecutado por el CIES con el apoyo de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente.

El control concurrente acompaña las obras públicas durante su ejecución para detectar a tiempo riesgos y prevenir retrasos y actos de corrupción. Su relevancia crece en un país donde la inversión pública casi se duplicó entre 2017 y 2024. El estudio, elaborado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), combina análisis cuantitativo y entrevistas para evaluar el modelo vigente. Identifica dos limitaciones: el aislamiento que genera el financiamiento directo por parte de las entidades ejecutoras, que debilita el diálogo y la confianza, y la sobrecarga administrativa derivada del aumento acelerado de los informes. Frente a ello, propone reformar el mecanismo con un enfoque de riesgos: concentrarlo en proyectos de mayor complejidad, establecer criterios objetivos para seleccionar los hitos de control, institucionalizar el diálogo y promover una cultura más preventiva en la Contraloría. Esta publicación forma parte del proyecto “Simplificación administrativa y destrabe de la inversión”, liderado por el CIES con el apoyo de la Fundación M.J. Bustamante de la Fuente.

La calidad de los servicios públicos depende, en buena medida, de las personas que los prestan y de cómo llegaron a sus puestos. Frente al escenario actual del servicio civil en el Perú, este proyecto desarrolló dos instrumentos que generan alertas y evidencia sobre dos hitos esenciales de la gestión de recursos humanos: el ingreso de nuevos servidores civiles y el desempeño de los directivos en el cumplimiento de los logros institucionales. Juntos, forman un sistema de información que permite una supervisión focalizada y una corrección administrativa oportuna. Su propósito es reducir los riesgos de captura en la asignación de puestos y promover la permanencia de directivos enfocados en resultados que generen valor público. Ambos instrumentos se probaron en una implementación piloto en tres entidades, a nivel nacional, regional y local. Los resultados confirmaron su utilidad y evidenciaron brechas de transparencia y de trazabilidad en las entidades evaluadas. El proyecto, ejecutado por Juan Carlos Cortes y el CIES, contó con el apoyo financiero de la Fundación M.J. Bustamante de la Fuente.